Gabriel Pérez Castellanos, vallisoletano y licenciado en derecho de 23 años se dirigió hace nueve meses al CGPJ para preguntar si podía ser juez pese a ser ciego. El resultado de la consulta iba a ser determinante para decidir si se ponía o no a preparar unas oposiciones que, de media, llevan cuatro o cinco años de estudio. 

 

Tras el respaldo del la Comisión Permanente del CGPJ al informe favorable elaborado por el vocal Juan Manuel Fenández, Castellanos podría convertirse en el primer juez ciego de España. 

 

Según aseguró, en declaraciones a Servimedia, Ana Sastre, delegada del CERMI de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, el CERMI se muestra “alentado” con esta decisión, ya que “trata de poner en práctica la legislación vigente referente a la defensa de las personas con discapacidad frente a la discriminación en el empleo”.

 

Se trata de la primera vez que se da un pronunciamiento favorable del Consejo, aunque no la primera ocasión en que llega a este órgano una petición de estas características. Así, el CERMI subraya positivamente que el CGPJ haya tomado una decisión en función de las normas vigentes.

 

 

Según señaló Sastre, se ha producido un cambio importante tras la aprobación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y todas las normativas relativas a la defensa de los derechos del colectivo y destacó que en este caso, es esta legislación aplicable la base que toma el CGPJ para hacer una interpretación favorable.

 

Asimismo, subrayó que este hecho supone la aplicación de los medios necesarios que garanticen la igualdad de oportunidades en las leyes que regulan y protegen el derecho a la no discriminación de las personas con discapacidad.

 

El CERMI ya planteó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la modificación de la normativa de acceso de personas con discapacidad a la carrera judicial, para que ninguna persona con discapacidad con aptitudes para ejercer las funciones judiciales quede excluida de este tipo de responsabilidades públicas. También se refirió en sus demandas al caso de Gabriel Pérez al considerar que su ceguera, no debería ser un obstáculo para ejercer como juez en España, donde las tecnologías permiten ya a las personas con discapacidad visual grave acceder a los textos informatizados y donde existen figuras como la del secretario judicial o la del ayudante.